Canal de Denuncias para Delitos Económicos (Ley 20.393 y 21.595)

La Ley 20.393 (vigente desde 2009) introdujo en Chile la responsabilidad penal de la persona jurídica para un catálogo acotado de delitos: cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La Ley 21.595, vigente desde el 1 de septiembre de 2024, no la deroga: la reforma en profundidad. Expande masivamente el catálogo —hoy supera los 200 delitos económicos—, endurece los requisitos del Modelo de Prevención de Delitos (MPD), profesionaliza la figura del encargado de prevención y suma nuevas sanciones como la disolución, la prohibición de contratar con el Estado y la supervisión judicial.

Sí, y con un peso mayor. La Ley 21.595 mantiene el MPD como mecanismo central para que la persona jurídica pueda invocar la eximente o atenuante de responsabilidad penal, pero eleva el estándar: el modelo debe ser efectivo, estar adaptado al tamaño y riesgo de la organización, contar con un encargado de prevención con autonomía e idoneidad, y someterse a revisiones periódicas. Un MPD de papel deja de ser una defensa válida.

La Ley 21.595 alcanza a todas las personas jurídicas de derecho privado y empresas del Estado, sin distinción de tamaño, cuando un delito económico se comete en su beneficio o por personas que cumplen funciones de dirección, administración, supervisión o representación. La diferencia con el régimen anterior es que el catálogo de delitos económicos es mucho más amplio y abarca conductas habituales en operación corporativa: tributarias, ambientales, libre competencia, mercado de valores, propiedad intelectual e informáticas, entre otras.

Más de doscientas figuras agrupadas en cuatro categorías: (i) delitos contra el orden socioeconómico —libre competencia, mercado de valores, propiedad intelectual, consumidores—; (ii) delitos contra el medio ambiente; (iii) delitos contra la administración pública —cohecho, fraude al fisco, malversación—; y (iv) delitos cometidos por o desde la empresa contra terceros, incluidos delitos tributarios, aduaneros, contra la salud pública y delitos informáticos. La ley además unifica reglas comunes de prescripción, sanciones y cooperación eficaz.

La responsabilidad se activa cuando un delito económico se comete (i) directamente por dueños, controladores, ejecutivos, representantes o quienes ejerzan funciones equivalentes; o (ii) por cualquier persona sometida a la dirección o supervisión de los anteriores, siempre que el delito beneficie o sea cometido en interés de la persona jurídica. La eximente o atenuante opera solo si la organización demuestra haber implementado y operado un Modelo de Prevención de Delitos efectivo antes del hecho.

Janus aporta el canal de denuncias —pieza obligatoria del MPD y módulo más maduro de la plataforma—: casos rastreables con código único, plazos automatizados, intercambio confidencial con el denunciante, evidencia firmada y reportes para la dirección. El resto del modelo —mapa de riesgos, designación y respaldo del encargado de prevención, controles operativos, certificación periódica— se aborda como proyecto a medida, en alianza con el equipo de Anguita Osorio Abogados. Esta separación permite avanzar hoy con el componente más expuesto regulatoriamente sin esperar a tener toda la arquitectura GRC montada.